El 27 de febrero de 1989 el pueblo venezolano le dio un ejemplo al mundo al frenar las políticas neoliberales que estaban en auge, y por las que el Gobierno de entonces apostaba, expresó este miércoles el ministro para la Cultura, Pedro Calzadilla.
El Caracazo "fue una gesta gloriosa y heroica de nuestro pueblo. Es muy importante que se lo recordemos a las nuevas generaciones", expresó Calzadilla desde la avenida San Martín de Caracas donde se realiza una movilización para conmemorar esta fecha histórica.
Recordó que en aquellos tiempos la calle se ganó enfrentando la represión, que era la única manera que tenían los gobiernos de turno para mantener el orden, "a costa de la vida y de la sangre de nuestro pueblo".
Destacó que desde entonces el pueblo salió de la opresión y volvió a las calles. Sostiene que después del El Caracazo, como rebelión popular, vino el proceso político de la actualidad.
Calzadilla explicó además, cómo en aquella época, cuando el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez anunció la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal, se dejó de lado el desarrollo social integral del país.
El incremento descontrolado de los precios de alimentos y servicios, entre ellos la gasolina, la escalada automática del precio del dólar de 140%, pasó de 14 a 35 bolívares en menos de un año, el disparo de la inflación, que alcanzó en la época hasta 78%, entre otra serie de políticas aplicadas, produjo una crisis social en el país que desembocó en la rebelión popular del 27 de febrero de 1989.
El 27-F y el beso mortal del FMI
Conducta sobresaliente fue la promesa del gobierno de Carlos Andrés Pérez al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1989 para tener acceso al financiamiento de 4.500 millones de dólares porque era "la única opción que tiene un país que agotó todas sus reservas", según palabras del entonces mandatario adeco. Para cumplir con ese ofrecimiento, el alumno debía seguir con rigurosidad las premisas de la "disciplina fiscal" ideada por maestros del neoliberalismo.
"Hoy no tenemos reservas, hoy necesitamos préstamos, hoy necesitamos acuerdos con el Fondo, hoy necesitamos que el Fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos de nuestras cuotas como miembros de ese organismo que rige las relaciones económicas internacionales de todos nuestros países. No hemos ido a mendigar", fue la letanía que repitió con obediencia Pérez antes de anunciar las "medidas de ajuste".
Las reglas del buen discípulo del FMI también implicaban un adecuado uso del lenguaje. La entonces llamada "disciplina fiscal" fue el eufemismo usado para evitar hablar del "inapropiado" significado del paquete de medidas, el cual contemplaba la reducción de programas sociales a su mínima expresión, congelación de los salarios, liberación del tipo de cambio, aumento de las tasas de interés, eliminación de los subsidios, supresión de los controles de precios, mayores impuestos e incremento de las tarifas de servicios públicos.
"Hemos ido (al FMI) después de largos estudios que realizamos en Venezuela con verdaderos hombres capaces de comprender los fenómenos de nuestra economía", dijo CAP. El gobierno venezolano se mostraba como el dedicado párvulo que no sólo acataría las reglas sino que, además, había hecho la tarea previa de investigar cuáles serían sus repercusiones.
Entre esas "previsiones" estaban las proyecciones de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (Cordiplan). La tabla de indicadores pintaba un país que, siguiendo la receta cabalmente, era capaz de llevar a cero el déficit fiscal en dos años, a crecer 2% anual, cerrar la inflación en 35% para 1989 y conducirla hasta el 10% en 1995, con un desempleo de 5% y la reducción de las importaciones a casi la mitad.
Sin embargo, la aséptica perfección de los números y explicaciones del gobierno de Pérez no evitaron que el 27 de febrero de 1989, nueve días después del anuncio de las medidas diseñadas por el FMI, ocurriera una explosión social conocida como El Caracazo. La revuelta popular en rechazo al paquete neoliberal derivó en saqueos, protestas callejeras y una brutal represión por parte del Estado que dejó al menos 2.000 muertos, aunque Miraflores sólo reconociera 300.
Ese día, "las medidas fueron políticamente derrotadas", tal como relata Margarita López Maya en su libro Del Viernes Negro al revocatorio, pero no impidió que el apretado cinturón continuara asfixiando a los venezolanos. El contrato leonino estaba signado y Venezuela había recibido "el beso mortal del FMI", como diría Gonzalo Barrios, presidente de Acción Democrática (AD).
La fe neoliberal
La credibilidad en el sistema económico venezolano ya estaba en franco deterioro desde el Viernes Negro de 1983. Roto el espejismo de la Venezuela saudita, la oferta de Pérez era dar un giro de timón. El detalle es que el mando del barco dejaría de estar en manos del Estado y pasaría al de los tecnócratas de la burocracia financiera internacional.
López Maya destaca que en 1989 fue "la primera vez que un gobierno venezolano, de manera explícita, aceptaba someterse a las orientaciones del Fondo Monetario Internacional". La decisión se tomó con fe absoluta de que las medidas "reactivarían" la economía y ésta quedaría sometida a la dictadura de la oferta y la demanda, sin que el Estado pudiera intervenir.
Esas medidas económicas y sociales, "en riña con los procedimientos propios de un régimen de democracia, no fueron sometidas a la consulta del Congreso Nacional, ni conocidas por la opinión pública sino después de haber sido firmada la Carta", agrega López Maya.
El gobierno de Pérez trató de justificar la enajenación del país en función de los intereses del FMI con el argumento de que la única salida a la crisis económica era con medidas recesivas. La "fe en el libre mercado", como explicaba monseñor Ignacio Purroy en la revista SIC de abril de 1989, implicaba además de la total apertura comercial internacional, "la redución de la demanda interna", refinada frase que se traducía en la depresión de los salarios reales.
En el mediano plazo, esa receta conduciría al saneamiento de la economía. La doctrina evangelizadora neoliberal prometía que tras el inicial apocalipsis social por los recortes, vendría un paraíso donde "la tasa de cambio se estabilizará, las tasas de interés bajarán, el clima de inversión se restablecerá y los conflictos sociales serán manejables", profetizaba Purroy en ese entonces.
El paquete no sólo pedía que los venezolanos tuvieran salarios congelados y muy por debajo de la inflación, como parte de la "disciplina salarial" que atraería las inversiones foráneas, sino que adicionalmente planteaba una reducción de los aportes al llamado gasto social.
Como "compensación" a los duros tijeretazos, planteaban invertir en un "minipaquete social" que apenas llegaba a 31.000 millones de dólares. Ese año, sólo producto de la devaluación, entrarían al país 170.000 millones de dólares adicionales, pero la mayoría de esos ingresos irían a parar a las arcas de los prestamistas del FMI.
Mientras Pérez se portaba como alumno ejemplar de los neoliberales aumentando el "clima de confianza" para los capitales extranjeros, en Venezuela lo único que se incrementaba era la pobreza, la inflación y el desempleo.
El desengaño del laissez-faire
Pese al estallido social del 27 de febrero, el paquete de medidas siguió su rumbo en Venezuela. El pacto signado con el FMI, organismo que ya había vaciado ocho toneladas de oro del Banco Central para colocarlas en las bóveda de entidades financieras en Londres, era intransigente. No había protesta que hiciera mella en las pretensiones de tutelar la economía del país petrolero a costa de los préstamos.
No pasaría mucho tiempo para que los venezolanos comprobaran que el "sacrificio" que pedía el gobierno de CAP no traería las recompensas que habían prometido los profetas del neoliberalismo.
Si bien las reservas internaciones pasaron de los 6.555 millones de dólares en 1988 a 7.411 millones en 1989, y el déficit en la balanza de pagos se redujo de 9,9% a 1,7% en ese mismo período, se hizo a costa del aumento de la pobreza a 66,9%, al ascenso de la miseria absoluta a 33%, al repunte de más de tres puntos en la tasa de desempleo y la contracción de 8% del Producto Interno Bruto (PIB), la mayor registrada en ese entonces.
El récord de "inéditos" también se rompió con las cifras de inflación. Las sesudas proyecciones de un aumento inflacionario de 35% que había hecho Cordiplan se quedaron cortas. Ese año, con la economía a merced de "juego de la oferta y la demanda" que se vendía como el laissez-faire, el índice de precios de disparó hasta alcanzar 84,5%.
Irónicamente, los más beneficiados con esa situación eran las instituciones financieras, que gozaban de libres tasas de interés. Al cierre de 1989, el sector registró un crecimiento de 23%. El banquero Pedro Tinoco, para ese entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), estampó su rúbrica en la carta de intención con el FMI junto con la de la ministra de Hacienda, Eglé Iturbe, y del ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez.
Gracias a esas medidas, los banqueros recibieron la última década del siglo veinte a manos llenas, mientras el FMI restringía los aumentos de sueldo de los venezolanos aduciendo que debían "tener salarios rezagado detrás de la inflación para reducir la demanda interna", y por ende, las importaciones. Es decir, el mentado "equilibrio macroeconómico" se lograría con la fórmula expedita de darle menos dinero a los trabajadores para limitar su capacidad de compra.
Tan convencidos estaban de la infalibilidad de la fórmula dictada por la dictadura financiera, que un año más tarde, pese a los negativos indicadores económicos y el creciente descontento social, Pérez dijo en una entrevista con Roberto Giusti: "Yo no tengo ninguna clase de remordimiento de conciencia, de preocupación: Me duele lo que pasó (El Caracazo) pero lo que se hizo fue evitar cosas peores".
Aún más osado, el mandatario afirmaba que su Gobierno no había tenido nada que ver con la revuelta popular en contra de las medidas del paquete: "Si usted analiza el desenvolvimiento de los hechos, encontrará que no hubo un solo local público atacado, no hubo ni una sola casa del partido (atacada)".
CAP estaba seguro de que El Caracazo no tendría repercusiones futuras porque sólo "fue una situación lamentable. Estalló y punto", y resumía el episodio como "una lección de los pobres contra los ricos y no contra el gobierno". En 1992, dos rebeliones cívico militares y su salida del gobierno en 1993, por casos de corrupción, le restarían credibilidad a esa tesis.
27-F: Venezuela marcó el rumbo de la lucha contra el capitalismo
Acaparamiento y desabastecimiento de los principales alimentos de la cesta básica, especulación en los precios de productos y bienes; así como grandes deficiencias en servicios públicos como el transporte, la salud y la educación, eran parte de la situación crítica en la que vivían los venezolanos a finales de la década de los ochenta, agravada apenas fue proclamado Presidente de la República, por segunda ocasión, el adeco Carlos Andrés Pérez (CAP) en diciembre de 1988.
Grandes productores e industriales del país decidieron esconder rubros como el arroz, la leche, el café, la sal, el aceite (la carne era un verdadero lujo en aquella época) y hasta el papel higiénico, para venderlos mucho más caros, luego de que el gobierno de Pérez anunciara el paquetazo económico previsto para el 16 de febrero.
CAP, quien ganó las elecciones presidenciales prometiendo a los venezolanos el regreso de la bonanza petrolera, de la Venezuela Saudita de su primer mandato (1974-1979), apenas obtuvo el triunfo comenzó a hablar de la necesidad de apretarse el cinturón ante la difícil situación económica heredada. Mas no concilió la práctica con la prédica, pues asumió la Presidencia en una suntuosa ceremonia, celebrada en el teatro Teresa Carreño, el dos de febrero de 1989, evento que aumentó el descontento de la población.
Apretados los cinturones
Sólo pasaron 14 días para el anuncio de las medidas de ajuste macroeconómico (algunas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual), dictadas desde el Fondo Monetario Internacional a cambio de prestarle a la nación 453 millones de dólares.
Como esperaban los industriales y banqueros, fue anunciada la liberación de los precios y de las tasas de interés, así como la privatización de empresas del Estado. Las importaciones fueron restringidas, las tarifas telefónicas y de electricidad aumentaron 50 por ciento. Además, fueron eliminados otros subsidios y el control de cambio de la moneda.
Pero fue el aumento de 100 por ciento en el precio de la gasolina, que entró en vigor el domingo 26 de febrero de 1989, el que propició el levantamiento del pueblo, cuando al día siguiente (lunes 27 de febrero) los transportistas de las líneas Caracas- Guarenas- Guatire decidieron aumentar el pasaje en igual proporción al del combustible, pues consideraban que el 30 por ciento previsto por el gobierno para ellos, era insuficiente para compensar las pérdidas que ya tenían por el incremento del costo de los repuestos.
La protesta se originó en los terminales tanto de Guarenas (estado Miranda) como en el Nuevo Circo (Caracas), donde se sumaron los usuarios de la línea Caracas-La Guaira víctimas también del desmedido aumento de las tarifas.
Pero esto fue solo el detonante de un estallido social latente tras décadas de abuso de poder, exclusión, discriminación y corrupción por parte de los gobiernos del binomio AD – COPEI, que fomentaban la llamada democracia representativa.
Casi inadvertido para la TV
La televisión mostró muy poco de lo que acontecía, pero la gran manifestación, conocida como el Caracazo o el Sacudón, se propagó de las avenidas Lecuna y Bolívar, en el centro de la capital, a parroquias emblemáticas en la lucha y organización popular como el 23 de Enero, El Valle, Petare, San Agustín, y llegó a sectores del este caraqueño.
En el interior del país, además de Guarenas las fuertes protestas se desencadenaron en La Guaira, Maracay, Valencia y Mérida. La ola de saqueos fue la máxima expresión de la frustración, el dolor y la impotencia de un pueblo oprimido y víctima del neoliberalismo.
Para los medios de comunicación no se trataba de protestas por reivindicaciones vitales, eran “los marginales” que bajaron de los cerros a saquear y a destruir la propiedad privada.
Contrario a quienes la ubican al caer la tarde del martes 28 de febrero, la represión del gobierno de Carlos Andrés Pérez contra los manifestantes se inició la madrugada de ese mismo día.
La familia Morales Mijares, residenciada en el piso 3 del edificio Don José (ubicado detrás de la plaza de toros de Nuevo Circo) fue testigo de que esa madrugada tanquetas del Ejército venezolano recorrieron la avenida Lecuna y dispararon con sus Fusiles Automáticos Livianos (FAL) estadounidenses contra quienes osaron asomarse a los balcones para ver lo que estaba ocurriendo.
En 1994, en una entrevista realizada en su casa-cárcel (La Ahumada), cuya publicación no fue autorizada, el entonces expresidente Carlos Andrés Pérez responsabilizó a la Policía Metropolitana de haber permitido que se desataran los saqueos, porque estaban en huelga para exigir sus reivindicaciones salariales. Con este argumento justificó el uso de la fuerza militar.
Toque de queda, patente de corso
Ese martes, 28 de febrero, CAP decretó el estado de emergencia previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961. Durante 10 días estuvieron suspendidos los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, a transitar libremente por el territorio nacional, a la libertad de expresión, a reunirse en público y a manifestar pacíficamente.
Los venezolanos que vivieron esa situación saben el absoluto estado de indefensión que significa la suspensión de las garantías civiles, algo que nunca ha pasado en los 14 años de revolución bolivariana, pese a un golpe de Estado, un sabotaje de la industria petrolera, guarimbas y la toma de plaza Altamira, entre otras estrategias desestabilizadoras.
Se activó el toque de queda desde las 6:00 p.m. Quien debía salir luego de esta hora tenía que poseer un salvoconducto. Durante los seis días que duró este toque de queda el pueblo fue perseguido y masacrado, los cadáveres fueron desechados en nichos del Cementerio General del Sur. Aún se desconoce la cifra real de víctimas.
El ejemplo que Caracas dio
Venezuela, siempre marcando el rumbo de la emancipación, vivió con más de una década de anticipación la revuelta que también se dio en otras naciones de América Latina como Argentina, Bolivia y Ecuador: la sublevación de los pueblos a la opresión, a la explotación, al hambre, al abandono; todas expresiones del capitalismo, actualmente en una crisis terminal, que en el 2010 vivieron otros países del mundo como Estados Unidos, Túnez, Egipto, Bahrein y Yemen y que en la actualidad arrastra a pueblos europeos entre los que destacan los españoles, los italianos, y los portugueses. Quienes analizan lo contrario pretenden ignorar la historia e insultan a los venezolanos y al mundo
En febrero y los primeros días de marzo de 1989, Caracas dio el ejemplo de sublevación. La represión del gobierno de CAP sólo postergó la legítima aspiración popular de cambiar su dura realidad. Los opresores volvieron a ser sorprendidos tres años más tarde, también en febrero, por la rebelión de los jóvenes militares liderados por el comandante Hugo Chávez Frías.
El 27 de febrero de 1989
“El Sacudón”, “El Caracazo”, así se han calificado los acontecimientos de esa fecha que marcó nuestra historia política, social y militar. Fuimos testigos ese febrero de 1989 de un espectáculo asombroso que oscilaba entre la barbarie y la libertad. Un gobierno recién electo que implementó medidas llamadas de “impacto social”, etiquetadas como “el paquetazo”, arrodillándose ante el Fondo Monetario Internacional para imponer su recetario: elevar los precios de la gasolina, las tarifas de transporte y de luz eléctrica, privatizar servicios públicos como la salud y educación, eliminar los subsidios y cualquier plan social, además de todas las empresas básicas, saquear nuestros recursos y quebrar nuestras instituciones para apoderarse de ellas –como ocurrió con Cantv y Viasa–, eliminar las pensiones y desmantelar el Seguro Social.
De forma traumática, violenta, arbitraria y antipopular, la burguesía y sus tecnócratas del mercado (IESA BOYS), con sus empresarios graduados en gringolandia (CHICAGO BOYS) implementan los “ajustes”, creando una “explosión” popular. Las multitudes salen a las calles y avenidas en protesta por las medidas. Se saquean comercios, supermercados, licorerías, carnicerías, tiendas de electrodomésticos. Personas corren con diversos objetos a cuestas mientras son perseguidos por la policía –primero– y luego por las “Fuerzas Armadas”. Las llamadas “tres C” de la guardia pretoriana de Betancourt daban lo mejor de sí para cumplir con el lema “caña, cuchara y cobre”.
Se podía contemplar todo ello por televisión y en vivo y directo; los medios se encadenaron con las imágenes mientras anunciaban actos iguales, de la misma efervescencia en Valencia, La Victoria, Maracay y Guarenas, generando más motivación a la insurrección popular y, por ende, más represión.
Cientos de heridos y muertos a lo largo de las ciudades eran escondidos y sumariados por la Dirección de Inteligencia Militar del momento. En las investigaciones se verificó que la suspensión de garantías permitió y facilitó la represión más bestial del mundo, mientras el ministro de Interior no pudo asumir el control del país y mientras Ítalo del Valle Alliegro, con su sonrisa de Mona Lisa, anunciaba más autoritarismo, militarismo, terrorismo y salvajismo, todo para sustentar el Pacto de Punto Fijo, ya desgastado en su propuesta de lucha contra la dictadura heredada del positivismo y colonialismo de los siglos XIX y XX.
Las instrucciones que recibimos algunos para detener la lujuria criminal a través de una rebelión militar en armas (específicamente en la Brigada Blindada de Valencia) para defender los millones de ciudadanos que eran víctimas de aquel cruento y despiadado acto, no pudieron realizarse porque no estaban dadas las condiciones militares, políticas ni sociales.
Los gringos desplegaron su artillería y acción del control político y económico en su colonia y patio trasero, respaldando y teledireccionando al Fondo Monetario Internacional en su saqueo nacional. Millones de dólares entregados en créditos de armas antimotines son enviados en aviones norteamericanos desde EEUU; especialistas en inteligencia y en operaciones psicológicas llegan al país desde el norte para entrenar y preparar, para garantizar su control político.
La ruptura y la rebelión se evidencian ante tan desquiciado gobernante, empecinado en continuar aplicando las medidas con mayor contundencia y eficacia; se concreta un proceso de resistencia política a esas medidas explotadoras y colonialistas. Un pueblo que cada día se ve más miserable, los estudiantes luchando y protestando ante la privatización de su escolaridad, los médicos sin material para atender a los enfermos, los militares patriotas asumiendo la rebelión ante la eventual eliminación de las “Fuerzas Armadas”.
Todo esto generaría la respuesta en armas populares irrumpiendo en el sistema político adeco el glorioso 4 de febrero de 1992. El principio de democracia participativa y democrática, de independencia y libertad recorre cuarteles, universidades, hogares. Estremece el sonido de las cacerolas del pueblo, protestas de millones de estudiantes y un cuestionamiento a los jefes militares mercenarios, cobardes, traidores, vendepatria, corruptos, empresarios chulos y parasitarios que saquean día a día porque son inválidos, incapaces de producir sino que revenden y comercializan con usura. Ineptos académicos gringos criollos que descalifican y atacan la cultura, la nacionalidad, la independencia y libertad.
La burguesía y el imperio aprendieron que nuestro febrero caliente representa el mito de la rebelión popular frente a las condiciones sociales de miseria y explotación, por ello conspiran, motivan, engañan a través de sus medios de comunicación con el objeto de generar la desesperación necesaria para que “explote” el pueblo. Ellos desaparecen los inventarios de alimentos creando desabastecimiento, aumentan los precios de los productos, claman por el aumento de la gasolina, crean nerviosismo para compras innecesarias, multiplican las imágenes y noticias negativas con el objeto de generar zozobra.
La respusta de los chavistas –en millones– es enfrentar esta conspiración sin desespero ni saqueos, están cuidando su Pdval. Ante la criminal campaña de terror contra la salud del presidente Chávez, entregan oraciones, fe, esperanza y espiritualidad; ante el saqueo y el chuleo de los dólares reducen su dependencia de la moneda extranjera; la unión cívico militar en la defensa de la patria condena a criminales corruptos e ineptos infiltrados en el Gobierno revolucionario. Esta es la respuesta popular revolucionaria, bolivariana. Este es nuestro 4 de Febrero de todos los días.
El 27F también fue la rebelión del pueblo contra un modelo policial represivo
La rebelión popular del 27 de febrero de 1989 también representó un alzamiento del pueblo contra un modelo policial fundado en la lógica de la represión, la persecución y la desaparición de personas, expresó este miércoles el secretario técnico de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, Pablo Fernández.
“Los cuerpos policiales de hace 24 años eran el brazo armado de los políticos de turno y actuaban ajenos a las necesidades reales de lo que debe ser el servicio de la policía con el pueblo”, sostuvo Fernández, durante una entrevista en La Noticia, que transmite Venezolana de Televisión.
Recalcó que los policías son el pueblo uniformado pero ese no era el concepto que se les enseñaba en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Tal como recordó Fernández, la referida escuela era el centro de formación de funcionarios de la policía venezolana, entrenados para reprimir, torturar y perseguir a luchadores sociales.
24 años después, destacó Fernández, el concepto policial en el país “ha dado un quiebre para mejor. Estamos construyendo un modelo policial coherente con el nuevo modelo de país. Socialista, plenamente humanista, incluyente, donde no hay cabida para la violación de derechos humanos”.
Informó que desde 2006, cuando fue creada la Comisión Nacional para la reforma policial, el elemento principal a considerar fue la aplicación de medidas estructurales y de raíz, que impidieran un nuevo 27 de febrero.
“Hechos como esos eran habituales durante gobiernos de la cuarta República y Venezuela se prometió no volver a vivir por momentos oprobiosos como los que tuvimos en el pasado y que signaron un cambio en el modelo policial que la sociedad requiere”, expresó el también secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Desarme.
Al respecto, ratificó que la renovación, modernización, formación humanista y transformación de los cuerpos policiales del país busca ofrecer un servicio de prevención y no de represión, de respeto y no para mancillar la dignidad del pueblo de Venezuela.
Sanguino: Los medios de comunicación nunca difundieron la represión que hubo el 27F
Los medios de comunicación nunca informaron de la represión de las fuerzas públicas del gobierno de Carlos Andrés Pérez al pueblo durante el llamado Caracazo, recordó este miércoles el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado Ricardo Sanguino.
“Cuando el pueblo bajó, los medios de comunicación nunca difundieron la represión de las fuerzas armadas que sostenían a la cuarta República”, expresó al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión.
Recordó que durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se desató una descomunal corrupción, se vino la debacle de la economía “e ilusionó al pueblo de que se iba a recuperar ese momento, pero fue todo lo contrario, fue un farsante”.
El 27 y 28 de febrero de 1989 se dio en Caracas una rebelión popular contra las medidas económicas neoliberales decretadas por el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que estaban subordinadas a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ante el reclamo de una ciudadanía que no aceptaba subordinarse económicamente a los oligopolios internacionales, Carlos Andrés Pérez ordenó una fuerte represión armada, que terminó en asesinatos y desapariciones.
Gobiernos de la IV atentaron contra los DDHH
El diputado Ricardo Sanguino recordó que desde el inicio del mandato del presidente Rómulo Betancourt en 1.958 hasta 1.999, todos los gobiernos fueron represivos y atentaron contra los derechos humanos de los ciudadanos.
Dijo que una de las prácticas comunes de los mandatarios de la cuarta República era la desaparición y la tortura a los estudiantes por parte de los cuerpos policiales de aquella época.
“Ese era el ejercicio de los derechos humanos en la cuarta República, afortunadamente hubo una persona, como José Vicente Rangel que desde el Congreso Nacional defendía y denunciaba estos hechos”, manifestó.
Contrastó esta situación con la realidad que actualmente se vive en el país, donde existe un Gobierno que respeta los derechos humanos del pueblo venezolano
“Totalmente distinto en la quinta República, en nuestra Constitución suficientemente conocida, se establecen los derechos humanos. Aquí nadie puede acusar al gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez Frías de que se reprime al pueblo y no se le reconocen sus derechos humanos”, agregó.
El ejemplo que Caracas dio
Venezuela, siempre marcando el rumbo de la emancipación, vivió con más de una década de anticipación la revuelta que también se dio en otras naciones de América Latina como Argentina, Bolivia y Ecuador: la sublevación de los pueblos a la opresión, a la explotación, al hambre, al abandono; todas expresiones del capitalismo, actualmente en una crisis terminal, que en el 2010 vivieron otros países del mundo como Estados Unidos, Túnez, Egipto, Bahrein y Yemen y que en la actualidad arrastra a pueblos europeos entre los que destacan los españoles, los italianos, y los portugueses. Quienes analizan lo contrario pretenden ignorar la historia e insultan a los venezolanos y al mundo
En febrero y los primeros días de marzo de 1989, Caracas dio el ejemplo de sublevación. La represión del gobierno de CAP sólo postergó la legítima aspiración popular de cambiar su dura realidad. Los opresores volvieron a ser sorprendidos tres años más tarde, también en febrero, por la rebelión de los jóvenes militares liderados por el comandante Hugo Chávez Frías.
Una nueva rebelión militar, en noviembre de 1992, el enjuiciamiento de Pérez por corrupto, un gobierno de transición y la mala gestión de quien supo montarse en la ola de la rebelión de Chávez, Rafael Caldera, siguieron abriendo el camino hacia la refundación de la República y estos 14 años de Gobierno Bolivariano.
Revolución Garantista
El gobierno de Carlos Andrés Pérez informó que los muertos entre el 27F y los primeros días de marzo de 1989 fueron 276, mentira develada con el hallazgo de por lo menos 70 cadáveres más sepultados en fosas comunes cavadas en el sector La Peste del Cementerio General del Sur. Nada concreto se anunció sobre el número de desaparecidos o de heridos.
El escándalo obligó al régimen de CAP a comprometerse a indemnizar a los familiares, algo que por supuesto no cumplió.
Todavía hoy no hay cifras definitivas de las muertes ocurridas durante el 27 y 28 de febrero y los primeros tres días del mes de marzo. Algunas organizaciones no gubernamentales hablaron de dos mil y hasta tres mil muertos.
Fue el Gobierno Bolivariano, poco tiempo después de instalarse, el que inició una investigación seria sobre la masacre. Habían pasado 11 años y tres gobiernos sin que nada se hiciera.
Garante del respeto a los derechos fundamentales, el Estado revolucionario acató un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos e indemnizó a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, representadas por Cofavic. Y pese a que todo ocurrió mucho antes de su mandato, en el 2006, el Gobierno del presidente Hugo Chávez, admitió la responsabilidad del Estado venezolano por lo que anunció mecanismos, evaluados bajo la coordinación de la Vicepresidencia, para indemnizar a los familiares de las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
La investigación de los sucesos de 1989 ya cuenta con cinco acusados, todos funcionarios del gobierno de CAP: Italo del Valle Alliegro (Ministro de la Defensa); Manuel Heinz Azpúrua (Jefe del Comando Estratégico del Ejército y Comandante de Operaciones del Plan Ávila), José Rafael León Orsini (Director de la PM), Freddy Maya Cardona (comandante del Core 5 de la GN), y Luis Fuentes Serra (segundo comandante de la PM).
El Ministerio Público los acusó a todos por el delito de homicidio intencional en grado de complicidad necesaria y por el de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, debido a su presunta participación en la muerte de las 71 víctimas hasta ahora reconocidas. Heinz Azpúrua falleció el año pasado, por tal motivo debe dictarse un sobreseimiento de la causa.
En el caso del ex gobernador del entonces Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas, está acusado por la presunta comisión de los delitos de homicidio intencional, en grado de complicidad correspectiva, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Se espera concretar la fecha para la realización de la audiencia preliminar en las próximas semanas.
>QUE HABLE LA CALLE
Carlos Ramírez
“El pueblo bajó de los cerros para decirle al Gobierno ‘hasta aquí llegó’”
Venezuela vivía una situación muy crítica. El atropello a los derechos humanos, la privatización y la corrupción reinaban en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese día yo estaba en San Martín y vi cómo la Guardia y la Polícía le disparaban a las personas. Me tocó caminar por encima de los muertos y de la sangre. Fue horroroso, una experiencia que todavía recuerdo y que me eriza la piel porque yo me salvé de milagro, no era mi hora.
Juan Carlos Rodríguez Vielma
“El día que despertó el pueblo”
Yo era estudiante universitario y me gradué con muchos estudiantes que desaparecieron ese día y en la masacre de Cantaura. Recuerdo que Carlos Andrés Pérez quiso implementar su paquetazo económico y el pueblo despertó. Fue grandioso, todo empezó en Guarenas y parece que le hubiesen avisado a todo el pueblo porque éste se rebeló. Más de 3 mil venezolanos murieron ese día. Gracias Dios apareció Noel Rodríguez, pero esas muertes no quedarán impunes, la verdad castiga.
Vicente Aníbal Cisneros
“Hoy vemos con esperanza a nuestra patria”
Nosotros le debemos mucho a nuestro presidente Chávez, porque yo soy pensionado y somos más de 2 millones y medio de abuelos y abuelas que estamos cobrando nuestra pensión. En la Cuarta República no existía nada de eso, por culpa del paquetazo que nos quería implementar Carlos Andrés Pérez se produjo el estallido social. Hoy vemos con esperanza a nuestra patria, y estoy seguro que este país va a seguir pa’lante con nuestro Comandante.
Ana Francisca de Linares“La Guardia le disparó al pueblo”
En aquella época yo vivía en El Junquito y el fin de semana antes iba a salir de viaje con mi esposo e hijos y se me ocurrió hacer mercado ese viernes para no tener esa presión cuando regresara. Me llevé una sorpresa cuando vi que ese lunes se prendió El Caracazo. Hubo saqueos, la Polícia Metropolitana abría los candados y luego venía la Guardia a dispararle al pueblo. Eso fue una desgracia, aquello fue espantoso.
Reynaldo Linares
“El 27 de febrero no volverá”
Lo que vivimos los venezolanos el 27 de febrero de 1989 fue un despertar, un aprendizaje. Con el presidente Hugo Chávez tenemos la seguridad de que esos horribles sucesos no se repetirán. Definitivamente el 27 de febrero no volverá.
Ramiro Aranguren
“Nos cansamos del hambre y la miseria”
El 27 de febrero hubo una masacre, hubo muchos muertos en Caracas y en el interior del país. Todo eso pasó porque la gente tenía hambre, el costo de la vida era muy alto y los comerciantes tenían todo acaparado. Yo también salí a las calles y junto al pueblo enardecido fuimos a recuperar lo que considerábamos nuestro, a decirle a Carlos Andrés Pérez que ya no lo queríamos más, que estábamos hartos de sus paquetes y de tanta miseria.
Josefina Gil
“El paquetazo de CAP fue un desastre”
Recuerdo que hubo muchos muertos, creo que hasta hoy no sabemos cuántas personas perdieron la vida. Yo vi pasar un camión que llevaba los cuerpos apilados. También recuerdo a una amiga que murió por una bala que entró por la ventana de su casa y la mató. Todo esto fue culpa de Carlos Ándres Pérez, porque con su paquetazo quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta, lo que hizo fue un desastre.
Adriano Rodríguez
“Recuerdo con dolor a las personas que murieron injustificadamente en la Cuarta República”
El 27 de febrero ocurrió una tragedia que enlutó a Venezuela. El pueblo se conmovió como nunca con aquella masacre. Recuerdo con mucha tristeza y dolor la cantidad de personas que perdieron la vida injustificadamente en la Cuarta República. Doy gracias a Dios por poner a un hombre con una gran sensibilidad humana como el presidente Chávez a cargo de todos los venezolanos.
Así Estuvo “El Caracazo”
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